Aunque los vecinos lograron recuperar el control de la Junta Directiva, los problemas persisten y las querellas civiles y penales siguen abarrotando la justicia. Rodolfo Minaya Rancier y sus secuaces no descansan en sus intentos por apoderarse de la Junta Directiva y utilizarla como trampolín para llevar a cabo un gigantesco proyecto inmobiliario.
Al principio, cuando comenzaron las agresiones legales, muchos creíamos que se trataba de un individuo antisocial que contrataba abogados sin escrúpulos para entablar demandas absurdas contra sus vecinos. Demandas que nunca han resultado en una condena, aunque sí en angustia, gastos innecesarios y montañas de papeleo para los vecinos e instituciones involucradas.
¿Pero cuál es el verdadero propósito de todo esto? En el año 1994, el gobierno de Balaguer se apoderó de cerca de 800 mil metros cuadrados de terreno a orillas del río Isabela para incorporarlos al cinturón verde de la ciudad de Santo Domingo. Esta área, frente al Parque Mirador Norte, es un bosque húmedo con una laguna, un refugio para numerosas especies en peligro de extinción.
Los antiguos desarrolladores aún mantienen los títulos de estos terrenos. A pesar de que la Marina rechazó la idea de construir una marina allí, parece que nada los detiene, ya que hace apenas unos días iniciaron la tala de árboles, lo cual fue detenido gracias a la intervención de los vecinos.
Ahora nos enteramos de que el Ministerio de Medio Ambiente indica que los terrenos del cinturón verde ya no tienen protección legal, ya que fueron reemplazados por otra ley. Además, informaron que están aprobados algunos proyectos inmobiliarios en esa zona protegida, pero esperan los resultados de un proyecto llamado “Mackensy” para restaurar la protección de la zona.
En el complejo entramado para apoderarse de estos terrenos, encontramos abogados, oficiales de policía, jueces y mafiosos vinculados a fraudes inmobiliarios: San Andrés, Los Tres Brazos y Los Corbanitos. Crearon una falsa Junta Directiva, pero audios y documentos sobre esta falsa se filtraron y ya están a disposición de la fiscalía.
A pesar que las autoridades del Ayuntamiento, Procuraduría, Suprema Corte de Justicia, el Defensor del Pueblo y los principales medios de comunicación están al tanto de lo que sucede en este residencial, nadie muestra un interés real en detener esta agresión. La situación es preocupante y merece atención urgente.